Los azahares del destino determinaron que en menos de una semana, me transformara en observador privilegiado de dos realidades dramáticamente opuestas, pero que tiene un denominador común, un terremoto. En efecto cuando no se había cumplido 48 horas de mi regreso al país desde la devastada Republica de Haití, donde me encontraba cumpliendo una misión de reconocimiento para la reconstrucción de infraestructura educacional destruida por el terremoto de enero, me vi enfrentado al sismo que con magnitud 8,8 Richter afectó a las regiones del centro sur de nuestro país.

Probablemente, el país enfrentado a la emergencia no se ha dado a la tarea de realizar evaluaciones en profundidad de los resultados de esta nueva catástrofe. Para aquellos que hemos dedicado gran parte de nuestra trayectoria profesional a observar con ojos de expertos el desarrollo de nuestros asentamientos poblados, resulta por lo menos tranquilizador observar que gran parte de la investigación acumulada, que algunas políticas públicas debidamente implementadas y sobretodo la experiencia de prácticamente un siglo de construcciones con respuesta sísmica, permitieron reducir la cifra de víctimas de un terremoto que por magnitud ya ocupa un 5° lugar entre los eventos de mayor intensidad a nivel mundial. Se habla de un siglo puesto que paradojalmente desde el tristemente célebre terremoto de Talca de 1928, cuyo epicentro se localizó muy próximo al reciente terremoto, hecho que marca el aliciente para que el Estado inicie un proceso de mejoramiento de la calidad de la construcción que culminó con lo que hoy conocemos como nuestra norma sísmica, una de las más exigentes a nivel mundial.

Probablemente, no es comercialmente correcto ni te otorga mayor “Raiting” hablar de las fortalezas con las cuales enfrentamos este tipo de eventos, y probablemente para aquellos que se nutren del cálculo milimétrico del capital político, puede ser catalogado como un suicidio hablar de elementos positivos en este ambiente de supuesto caos.

Tengo la posibilidad de conservar en mi retina, la experiencia de dos eventos en dos escenarios cuyos resultados se ubican en dos vertientes absolutamente opuestas, y lo más probable es que de no ser por el error del reporte entregado por el Shoa, los efectos del terremoto de Chile pudieron haber tenido una cifra de víctimas más reducida, a los efectos colaterales del tsunami que sacudió a la costas de las regiones 7° y 8°.

La pregunta entonces es ¿cómo se comportaron nuestras ciudades?, puede ser un poco prematuro adelantar juicios técnicos, pero a juzgar por la cifra total de víctimas, y el número de edificios colapsados, uno puede decir que Chile resistió bien el terremoto. Este juicio, no se construye a partir de una mirada general, siempre es lamentable observar la caída de los cascos históricos, en ciudades como Talca, Curepto, Curanilahue, Curicó o Parral, más aún si estos contienen los exponentes más importantes de nuestra arquitectura tradicional.

Incluso el daño producido en numerosas edificaciones de reciente data que han puesto en tela de juicio su calidad estructural, llevó a poner en duda la eficacia de nuestro ordenamiento, pero una cosa es clara, la norma sísmica debe cumplir como objetivo prioritario impedir el colapso de la estructura y luego evitar el daño, por lo que hablar de 300 o 400 edificaciones con algún tipo de daño severo en el Gran Santiago no es lo único relevante para hacer política pública, lo que está por ser determinado no debe llevar a equívocos, tal como lo señaló el Presidente de la Republica en entrevista concedida a los medios, se debe determinar las responsabilidad y compensar el daño producido a las familias .

Cuesta creer que al observar el colapsado edificio “Alto Río” de Concepción, cuya imagen se constituyó en emblema de la tragedia, este aún conserve integra parte de su estructura, lo cual posibilitó acelerar las labores de rescate y obtener los resultados por parte de los equipos de rescatistas, en similares condiciones en Haiti, aún no ha sido posible el rescate de cuerpos de los restos colapsados de miles de edificaciones que prácticamente se desmembraron, dejando atrapados los cuerpos de cientos de miles de víctimas inocentes que jamás se preguntaron si sus edificaciones contaban con capacidad para responder a eventos sísmicos.

Por esta razón a poco andar, y a medida que las informaciones daban cuenta de la magnitud de la tragedia, pudimos constatar que el foco se fue desplazando lentamente a los efectos provocados por el maremoto que sucedió al sismo.

Nuestra mirada se concentró inmediatamente en las zonas afectadas, y constatar en terreno las áreas señaladas en los estudios de riesgo que sirvieron de base para la confección de los instrumentos de planificación. Quizás casi por fatal designio, se genera una amarga sensación que mezcla la satisfacción y el desazón a la vez, puesto que la pregunta inmediata es, ¿Esto se pudo haber evitando?, la respuesta probablemente nos llevará a una sempiterna discusión que incluso ha tenido ribetes políticos acerca de si se debe alarmar o no, se debe restringir o no. Y probablemente no encontremos una respuesta categórica, puesto que entra a tallar el libre ejercicio del derecho de propiedad consagrado constitucionalmente, y que invalida toda operatoria pública destinada a restringir la localización en zonas amagadas por riesgo. En otras naciones para dirimir esta contradicción, se ha optado por trasferir la responsabilidad última de construir en zonas de riesgo a los particulares mediante sistemas de seguros.

Lo que no es concebible, es que el Estado que genera los instrumentos de planificación, desoiga estas advertencias y transfiera títulos de dominio, construya equipamiento de salud y educación o establezca los comandos centrales de la administración pública en zonas amagadas por riesgo, que después de una catástrofe deben seguir operativos. Incluso la vivienda social que es una función asumida por el sector público en lo que a financiamiento refiere, debe garantizar el adecuado cumplimiento de condiciones mínimas de localización.

En síntesis, el eterno problema es “la implementación de la política pública”, así ha ocurrido con proyectos emblemáticos, y seguirá ocurriendo en tanto los organismos técnicos de la administración del estado tengan un posicionamiento feble frente a la autoridad política, que tensiona a veces irresponsablemente con el único argumento de satisfacer su caudal de recurso de capital político. Un ejemplo claro es ver, como a pocos días de la catástrofe, algunos propietarios presionan a sus autoridades locales, para que estos no adopten las debidas medidas de resguardo y eviten la localización de población en los mismos lugares que fueron amagado por el maremoto. Es comprensible la confusión, también es comprensible el deterioro de los estados de ánimo, pero esto no es óbice para que el aparato del Estado no cumpla su tarea, y es garantizar condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades, cueste lo que cueste, lo estudios ya se había realizado y lo que es peor la experiencia práctica demostró su veracidad.

La ciudad debe ser pensada considerando estos argumentos, puesto que es claro que los factores desencadenantes de riesgo, son parte consustancial de nuestro territorio. ¿Que es lo que ha pasado entonces? Diversos son los elementos que han llevado a que estos instrumentos de planificación o planes reguladores, no cumplan su cometido a pesar de los recursos comprometidos; excesivo celo y cambios en la legislación urbana, excesiva burocracia en su aprobación o simplemente incapacidad de los estamentos locales de tramitar su publicación, o lo que es peor intereses particulares y corporativos que impiden su aprobación.

Hay componentes de la planificación territorial que no deben ser sometidos a escrutinio público y mucho menos a los designios de las autoridades de turno, que no cuentan con herramientas técnicas para establecer pronunciamientos fundados, como por ejemplo los Estudios de Riesgo.

Hoy el país a partir de la política de reforma urbana cuenta con un número importante de Estudios de Planes Reguladores que no han sido aprobados, unos mejores que otros, algunos un poco tensionados indebidamente, otros de alta calidad técnica, probablemente habrá que revisar algunos detalles de pertinencia jurídica, pero lo que sería una pésima señal es empezar de nuevo, sobre todo si los estudios de riesgo representan la realidad.

Alguna vez escuche a un ex presidente hablar de Políticas de Estado, y como estas debe trascender a los tiempos de la administración de gobierno. Probablemente, y en esto hay que ser claro, la Planificación Urbana aterrizó en Chile hace más de medio siglo, periodo en el cual Chile se ha dado el lujo de experimentar los cambios políticos más dramáticos de su historia republicana, y los cuerpos legales que sostienen los que hoy es la Ley General de Urbanismo y Construcciones (la misma que norma las condiciones de respuesta sísmica para todas las construcciones)se mantienen con algunas modificaciones pero se mantienen. Lo increíble es que estos cuerpos legales tuvieron sus albores en el terremoto que sacudió a Talca en 1928, todo una paradoja, que puede ser transformada en una oportunidad, en tanto dejemos de vulgarizar y banalizar en accionar público y nos preocupemos de que los organismos se hagan cargo de una adecuada implementación. Esto implica colocar a personas idóneas y fortaleciendo los mecanismos de gestión, desterrando prácticas de lobismo político y presiones que lo único que logran es debilitar el accionar de los organismos técnicos del Estado y fundamentalmente de los instrumentos de Planificación.

De esta forma los técnicos de este país vamos a poder seguir realizando nuestro trabajo con calidad, pero con la certeza que este será revisado, chequeado y rechequeado por instituciones que cuentan con contrapartes de alta calidad técnica, con independencia y capacidad de gestión que es lo que claramente ha faltado.